El jueves 12 de septiembre escribí un artículo urgiendo a los diputados y senadores elegidos que fueran a los departamentos de San Pedro y Concepción para enterarse de lo que realmente hay de verdad sobre las denuncias contra las FFAA y Policías sobre abusos de prepotencia.
El lunes 16 me contaban de la reunión que tuvieron el
domingo en el obispado de San Pedro ciudadanos,
autoridades eclesiásticas y políticas sobre este asunto.
En el encuentro decidieron las siguientes conclusiones:
Instalar una oficina de Denuncia en el Obispado con un número de teléfono y personal permanente para atenderlo, declarando
la Vigencia del estado de Derecho. Además convocar a las autoridades del Estado
a una reunión pronta en la capital sampedrana.
Exigir el nombramiento de un fiscal para estos casos.
Exigir asistencia psicológica para los niños de la escuela Oñondivepá.
Que fueron víctimas de presiones y atropellos por las fuerzas
conjuntas en sus domicilios.
Instalar un Banco de datos de las víctimas y sus familiares
por los allanamientos violentos que se realizaron. Además una indemnización
justa para las víctimas.
Solicitar una investigación de los jefes que estuvieron
realizando servicios en las zonas de influencias por las claras sospechas de
complicidad con los grupos criminales.
Hacer un rastrillaje por los grandes latifundios de la zona
por la sospecha del cultivo de marihuana en ellos.
Exigir la derogación de la ley de Defensa Nacional y
Seguridad Interna.
Instalar ya los equipos de
movilización, resistencia y cierre de rutas.
Preparar la
gran Marcha por la dignificación del Departamento de San
Pedro exigiendo la ampliación de la merienda escolar; la inmediata instalación
de la alcoholera
Barbero ya aprobada por el Congreso, el cumplimiento de los compromisos sobre las Unidades de Salud Familiar.
Desde Asunción felicitamos a nuestros hermanos de San Pedro
y ante cualquier reacción gubernamental contra ellos “Todos nos sentimos sampedranos”.
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